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martes, 7 de mayo de 2013

LA AUDIENCIA ANULA LA IMPUTACIÓN DE LA INFANTA PERO APUNTA QUE PUDO COMETER DELITO FISCAL





La presunción de inocencia es un derecho de todos. Me alegra de que la Infanta haya salido absuelta, y más por la incertidumbre que representaba dejar sin madre a los numerosos hijos de los Urgandarín-Borbón. Esto es señal de que los jueces se han mirado con lupa todas las alegaciones y recursos, con mucha atención y prudencia, supongo. Naturalmente soy partidario de que se vaya a fondo en el asunto, se devuelva el dinero robado, y se depuren responsabilidades. De ser yo Urdangarín hubiera dicho desde el principio: “yo soy el responsable de todo, y ella sólo estaba de acompañante,..¡no la metáis en algo que no tiene nada que ver!”,…y si hay condena, con condenar a uno solo hay más que suficiente.

La cosa contrasta con las millones de sentencias injustas, de jueces que ni se leen los expedientes (algunos muy gruesos y abultados, con la pereza y el aburrimiento que provocan leerlos y estudiarlos), ni aceptan pruebas de las partes que se defienden cuando las tienen y las encuentran, entre muchas otras chapuzas judiciales que se pasan por el forro. Y es porque son simples enchufados corporativistas y cómplices entre sí que nadie puede controlar, y se acomodan al sillón del tribunal, con una nómina y unas prebendas pagadas por los contribuyentes que ya quisieran cualquier ciudadano. La gandulería de la inmensa mayoría de los jueces es de santa madre, y todos sabemos que la lentitud de la justicia es más lenta que una tortuga con reuma. Y como acaban por corromperse en el cargo vitalicio, una buena parte de ellos son una casta fácil de sobornar, comprar y vender al mejor postor. Si al menos los jueces se eligieran temporalmente en medio de unas elecciones libres, con las que rendir cuentas de sus gestiones judiciales ante los ciudadanos cada determinado período de tiempo, seguro que ofrecerían mejor y un servicio de “mayor justicia”. Y aunque teóricamente y técnicamente se supone que la “ley es igual para todos”, en realidad no lo es. Cristina de Borbón es hija del Rey de España, con lo cual es un personaje muy importante, muy bien bautizada, y con todas las influencias positivas a su favor que ello supone, y defendida por uno de los mejores, más caros e influyentes abogados del país: Miquel Roca i Junyent,  con lo cual su caso se ha podido llevar con toda la excelencia y celeridad disponibles, buscando apelaciones por todas las leyes, sentencias o doctrinas jurídicas disponibles de todas partes e incluso de todas épocas y países con los que encontrar argumentos en su defensa, que no han podido estar al alcance de la hija de cualquier vecino. Pues ya se sabe, como dice el proverbio: “Quien tiene padrinos, se bautiza”. Claro, que igualmente como la judicatura no es una ciencia exacta y en caso de duda hay que optar siempre por la inocencia, también influye salvar el prestigio de la marca “España”, con la parte que también representa el ser una infanta de España. Y naturalmente nadie somos iguales ante la justicia, porque a según qué personaje lo tratan con consideración y respeto, y a otros los tratan como a terroristas sin siquiera que ello esté probado. Una lección más que hemos tenido que aprender, y mientras tanto todo sigue como la maldición de la gitana: “tengas muchos pleitos y los ganes”, para alegría y negocio de abogados, fiscales y jueces, que viven del injusto y cachondo cuento de “la justicia”, y morbo con el que alimentar el circo mediático del que disfruta la plebe aborregada.




LA AUDIENCIA ANULA LA IMPUTACIÓN DE LA INFANTA PERO APUNTA QUE PUDO COMETER DELITO FISCAL








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DE LOS TRES MAGISTRADOS, UNO SE HA PRONUNCIADO EN CONTRA DE LA DECISIÓN

La Audiencia anula la imputación de la Infanta pero apunta que pudo cometer delito fiscal



La infanta Cristina en una imagen de archivo (Efe).

La Audiencia Provincial de Palma ha anulado la imputación de la infanta Cristina de Borbón en el caso Nóos, pero deja la puerta abierta a la posibilidad de imputarla en el futuro por un delito fiscal o de blanqueo de capitales, a la espera de que Hacienda remita al juez instructor, José Castro, la información que éste ha solicitado.
De esta forma, la Audiencia ha aceptado en parte los recursos presentados en contra de la imputación por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la propia hija del Rey, Iñaki Urdangarin y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga. De los tres magistrados que han emitido el fallo, uno de ellos, Juan Jiménez, se ha pronunciado a favor de mantener la imputación.
En su auto exculpatorio, la Audiencia argumenta que "no hay indicios vehementes" de que la Infanta "conociera, se concertase, ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio Diego Torres, tendente a cometer un fraude a la Administración con ocasión de los contratos de colaboración a que se contrae la presente causa, ni a través de ellos a apropiarse ilícitamente de fondos públicos".
Los magistrados admiten que la infanta Cristina "era conocedora y sabía que el Instituto Nóos suscribía contratos con las Administraciones Públicas, beneficiándose de ello con ingresos por patrocinio y por subvenciones", pero añaden a renglón seguido que "no hay indicios fundados" de que la hija de don Juan Carlos"albergase o llegase a alcanzar la creencia de que dichos contratos pudieran ser considerados delictivos y que su suscripción generase un peligro de malversación".
Sin embargo, la Audiencia de Palma advierte que "no se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda pública, y tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales, y que en tales ilícitos hubiera podido participar la Infanta". La abogada del sindicato Manos Limpias, Virginia López Negrete, que ejerce la acusación popular, reclamó desde el inicio del procedimiento la imputación de un delito fiscal a la Infanta, y por ello pidió recientemente al juez Castro que solicitara a Hacienda sus 10 últimas declaraciones de la renta.
Imputación frustrada 
El juez imputó el pasado 3 de abril a la hija menor del monarca al considerar que "prestó su consentimiento a que su parentesco con el Rey fuera utilizado por su marido", Iñaki Urdangarin, "a sabiendas" de que éste se sirvió de ese vínculo familiar para obtener "un trato generoso" por parte de administraciones públicas y empresas privadas, "disfrutando junto con su marido de los beneficios obtenidos". 
Castro argumentó que tanto la Infanta como su secretario personal, García Revenga, fueron incluidos en la junta directiva del Instituto Nóos "no en atención a sus capacidades", sino "con la pretensión de aparentar ante empresas privadas e instituciones públicas que todas las operaciones" realizadas por esa supuesta entidad sin ánimo de lucro "eran conocidas y gozaban del respaldo de la casa del Rey".
El juez imputó a la Infanta un presunto delito de cooperación necesaria, pero advertía en su auto que también podría ser cómplice de los delitos supuestamente cometidos por su marido. El instructor del caso Nóos hacía mención expresa del artículo 29 del Código Penal, que señala que "son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos".
Dos días más tarde, sin embargo, Castro suspendió la declaración de la Infanta, inicialmente prevista para el pasado 27 de abril, tras conocer que el fiscal impugnaría el auto de imputación. Según el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, los indicios de cooperación o complicidad que apuntaba el juez son meras "sospechas personales" o circunstancias "inocuas", "inconsistentes", "equívocas" o "especulativas".
De forma sorprendente, y tras el silencio de las primeras horas, la Casa del Rey expresó su "sorpresa" por el "cambio de posición" del juez Castro, y manifestó también su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía de recurrir el auto. Aunque La Zarzuela dejó claro "el máximo respeto" por las decisiones judiciales, un portavoz oficial lamentó "el cambio de posición expresado por el juez en su resolución, frente a la mantenida en el auto de 5 de marzo de 2012, confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca".

jueves, 7 de febrero de 2013

URDANGARÍN Y TORRES NO REÚNEN LOS OCHO MILLONES DE FIANZA Y EL JUEZ EMBARGARÁ SUS BIENES



Lamentable que sucedan esas cosas, con las penurias que están pasando millones de españoles. Personalmente no soy partidario de meter a la cárcel a nadie (excepto para casos de violaciones o asesinatos), pero para todo lo demás creo que la justicia debería aprovechar para hacer negocio rentable de los delitos de robo o corrupción, tan abundantes en nuestro país. Personalmente sería más partidario de que se haga devolver el dinero robado, más intereses, más costas judiciales, más una fuerte multa,…la suma del total debería de ir al erario público y destinado para financiar las penurias y necesidades que están sufriendo millones de españoles. De esta manera convertimos la corrupción en un negocio práctico, rentable y aprovechable para el erario público.  ¿Qué no puede pagar?, pues embargos sean de propiedades o de los propios sueldos si tienen empleos o cargos , petición de créditos para pagarlos poco a poco, o penas de trabajos a favor de la comunidad. En el caso del llamado “duque empalmado”, que pasa a ser “duque embargado”, no lo tendría difícil que su suegro El Rey le ayudara con su supuesta fortuna de más de 1700 millones (suma que tiene según indicó la revista Forbes), para cubrir los costes judiciales, las devoluciones del dinero robado, y las multas derivadas del delito de su yerno, en un intento de salvar el matrimonio de su hija la Infanta y el bienestar familiar de sus nietos Urdangarin-Borbón. Creo que sería la mejor solución, y todos contentos, y todo quedaría en familia con aquello propio del Rey cuando se arrepintió de ir a cazar elefantes: “no volverá a ocurrir”. Y además se aprovecharía el todavía supuesto delito del Duque de Palma, para obtener más dinero con lo que financiar, por ejemplo, las subvenciones por desempleo, tan necesitadas en los tiempos que corremos. Y todos quedarían tan contentos. Y ojalà que con esto el duque, que aunque haber sido ladrón no quiere decir ser maleducado ni que desatienda a su familia, aprende ya que la ambición deshonesta puede llegar a romper el saco, como se suele decir, y esto es algo en que han metido la pata demasiados, sobretodo políticos y banqueros.


URDANGARÍN Y TORRES NO REÚNEN LOS OCHO MILLONES DE FIANZA YEL JUEZ EMBARGARÁ SUS BIENES





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LA JUSTICIA CONFISCARÁ EL LUJOSO PALACETE DE PEDRALBES

Urdangarín y Torres no reúnen los ocho millones de fianza y el juez embargará sus bienes

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El duque de Palma seguido de su abogado llega a los juzgados de Palma (Efe / Archivo).


La pasada medianoche finalizó el plazo. Y ni Iñaki Urdangarín ni Diego Torreshabían depositado a esa hora los 8,1 millones de euros de fianza que les exigía el juez José Castro para hacer frente a su responsabilidad civil en el caso Nóos. A partir de ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma tiene vía libre para embargar las propiedades y cuentas corrientes de los dos ex socios hasta cubrir la cantidad que les reclama.

A medida que se acercaba la hora marcada por el juez para hacer efectiva la fianza sin que Urdangarín y Torres alcanzasen un acuerdo sobre la cantidad que abonaría cada uno, parecía más evidente que ninguno de los dos sería capaz de afrontar el pago. Al tener éste carácter solidario, ambos podían repartirse la carga de mutuo acuerdo, bien al 50% -algo más de cuatro millones de euros por cabeza- o mediante el porcentaje que pactaran. Pero todo parece indicar que ni Urdangarín dispone en este momento de liquidez suficiente ni las presiones de Torres para que aquél asumiera su parte han surtido efecto.  


El juez impuso a ambos el pasado 30 de enero una fianza de responsabilidad civil de 8,1 milllones de euros y les dio de plazo hasta la medianoche de ayer para hacerla efectiva. Esa cantidad es la suma de las subvenciones íntegras que el Instituto Nóos cobró de los gobiernos autonómicos balear y valenciano, y que posteriormente desvió de manera fraudulenta al entramado societario montado por ambos socios, más un tercio de multa en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el auto en el que fijaba esa fianza, Castro atribuía a Urdangarín seis delitos diferentes, que le pueden acarrear hasta 20 años de prisión.

Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina de Borbón, cuentan con un elevado patrimonio inmobiliario, en principio más que suficiente para cubrir la fianza. El yerno y la hija de don Juan Carlos poseen un palacete en el exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes, adquirido en 2004 por seis millones de euros mediante un crédito hipotecario concedido por La Caixa. Los duques de Palma alquilaron la mansión por 13.000 euros mensuales poco después de su marcha a Washington, en 2009, y tras regresar en 2012 de EEUU la volvieron a alquilar para instalarse en otra vivienda menos ostentosa.

Pisos, plazas de garaje...

Pero su patrimonio no se limita al palacete de Pedralbes. Urdangarín y la infanta Cristina compraron, también en 2004, dos pisos, dos plazas de garaje y un trastero en Palma por los que pagaron casi 450.000 euros, y que figuran a nombre de Aizoon S.L., una sociedad participada al 50% por ambos cónyuges. Tres años más tarde, en 2007, adquirieron una vivienda en Terrassa (Barcelona), de la que también es titular la mercantil Aizoon, por la que abonaron 250.000 euros. Sus bienes inmobiliarios se completan con otros tres pisos situados en un edificio de la calle Marqués de Fontsanta de Palma, comprados en 2003 por 620.000 euros y escriturados a nombre de Nóos Consultoría Estratégica S.L., una firma propiedad de Urdangarín y Torres.

Este último comparte con su esposa, Ana María Tejeiro, la propiedad de un chalé en la localidad barcelonesa de Sant Cugat, por el que pagaron 1,2 millones de euros. Ambos disponen también en Suiza de una cuenta bancaria con un saldo de casi un millón de euros, pero no pueden disponer de esa cantidad porque en su día fue embargada por el juez Castro.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma podrá iniciar a partir de hoy mismo el proceso de apremio para ejecutar el embargo de los bienes de Urdangarín y Torres, aunque ese procedimiento puede demorarse aún varias semanas. Lo habitual en estas circunstancias es que el juez requiera a ambos imputados para que designen qué bienes patrimoniales entregan como aval. Una vez comprobado su valor, tras la tasación efectuada por un perito judicial, esas propiedades inmobiliarias quedarán embargadas.