Las diputaciones gastan en sueldos hasta el 40% de su
presupuesto total. Algunos presidentes cobran más de 120.000 euros anuales.
Está claro que las diputaciones son uno de los entes públicos innecesarios, y
sólo de utilidad para los partidos políticos donde colocan a militantes,
familiares, amigos y demás grupos de clientes, y en muchos casos con sueldos
abusivos, empezando por los de los presidentes y diputados de la misma. No es
de extrañar que sean unos nidos más de corrupción de la estructura del Estado,
y que buena parte del pastel presupuestario vaya a los bolsillos de los
enchufados que chupan de ello.
LAS DIPUTACIONES GASTAN EN SUELDOS HASTA EL 40% DE SU
PRESUPUESTO TOTAL
Las diputaciones gastan en sueldos hasta el 40% de su
presupuesto total
§
Algunos presidentes cobran más de 120.000 euros anuales
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Hay 41 diputaciones con un presupuesto de 5.963 millones
Dentro de la compleja
organización territorial de España, uno de los elementos más complejos y
difíciles de comprender es el de las diputaciones provinciales. Estos órganos,
creados hace casi doscientos años, tuvieron sentido en su momento, pero ahora,
convertidas en nidos de escándalos, muy pocos son capaces de justificar su
existencia. En total hay 41 diputaciones provinciales en España -más tres
diputaciones forales, siete cabildos y cuatro consejos insulares-, que en 2011
manejaron un presupuesto global de 5.963 millones de euros. Entre el 32 y el
40% de esa cantidad fue destinado a pagos de personal, según datos de Funciva,
lo que representa un importante lastre para la Hacienda Pública.
Un ejemplo claro de
los desmanes de este nivel administrativo lo encontramos en la Diputación de
Barcelona. Ajena a la crisis que vive el conjunto del Estado, apenas ha tomado
medidas de austeridad durante los últimos cursos.
El organismo manejó un
presupuesto de 588,7 millones de euros en 2012, de los cuales destinó 212,85 al
pago del personal, lo que equivale al 36,2%. Su presidente, Salvador Esteve (CiU)
gana 128.521 euros al año, uno de los sueldos públicos más elevados, y en
total, está integrada por 51 diputados, 46 asesores elegidos a dedo -cuyo coste
es de 2,5 millones- y más de 4.000 funcionarios.
El exceso de personal
no es el único defecto de estos organismos, que pecan de falta de transparencia
y de solaparse con el resto de Administraciones. La opacidad de las
diputaciones se ve a la hora de estudiar sus presupuestos, donde la
transparencia es muy desigual, llegando en algunos casos incluso a no tener
publicadas sus cuentas. La financiación tampoco está clara, aunque se sabe que
la mitad la aporta el Estado, un 5% las comunidades autónomas, y el resto sale
de parte de los impuestos.
Solapamiento
de actividades
El solapamiento entre
las distintas Administraciones es más que evidente, especialmente por el avance
imparable de las atribuciones de las comunidades autónomas desde su creación.
El auge de las ciudades también ha provocado que ayuntamientos y diputaciones
abarquen las mismas funciones en muchos casos.
La consecuencia de
esta redundancia de ámbitos de actuación es que se ha añadido complejidad,
confusión e ineficiencia, convirtiéndose en el nivel administrativo más alejado
de la ciudadanía, que ni entiende a la organización ni su utilidad, a pesar de
la publicidad de cada actuación que llevan a cabo; ni al sistema de elección
del presidente, por sufragio indirecto.
Ante estas evidencias,
¿por qué se esfuerzan tanto los grandes partidos en mantenerlas? Los analistas son claros: por un lado, porque generan gran
poder territorial para los gobernantes. Las diputaciones reparten
arbitrariamente sus fondos y los municipios se pelean por una parte de ese
pastel, generando una relación clientelista.
El otro gran motivo es
que en ellas hay una gran cantidad de empleados cercanos a los partidos que, si
desapareciesen las diputaciones , no habría donde ubicar. "Se perciben
como una agencia de colocación de afines", denuncia José Miguel Mateos,
responsable de Acción Institucional de UPyD de Castilla y León, donde la
formación magenta lucha por acabar con las diputaciones .
Reorganización
o supresión
Por ello, son muchas
las voces que reclaman un cambio en las diputaciones , e incluso su supresión,
como pidió el expresidente Felipe González. Los expertos coinciden en que
estamos en el mejor momento para afrontar dicha medida, en el marco de la
reforma de la Administración local que prepara el Ejecutivo nacional. "Es
congruente con los objetivos marcados por el Gobierno", señala José María
Román, director general de Funciva.
En este sentido, hay
que destacar que la reforma de las diputaciones va ligada a la de los
ayuntamientos, pues para algunos de pequeño tamaño son necesarias estas
instituciones para poder llevar a cabo funciones básicas como la recogida de
basuras o la gestión de bomberos. Una vez acometida esta reducción de
municipios, hay dos opciones para las diputaciones .
Por un lado, los
expertos recomiendan una reforma profunda, que, como apuntaba González,
suprimiese las diputaciones . Sus competencias podrían ser asumidas por otras
Administraciones, especialmente por municipios y autonomías, simplificando los
servicios administrativos y, sobre todo, con una importante reducción de costes
para el Estado.
El problema es que
para llevar a cabo esta reforma sería necesario reformar la Constitución, con
la dificultad que conlleva. Aunque existen alternativas para evitarlo, como
vaciar de responsabilidad las diputaciones , convirtiéndolas en órganos
consultivos sin poder ejecutivo, lo que supondría un importante ahorro, como
señala Román. Con eso, más una definición clara de las funciones de cada
administración, se podría obtener más financiación para sus funciones propias,
una posibilidad que no sería digna de desdeñarse para muchas de ellas, a juzgar
por el elevado endeudamiento que arrastran.
Así, el pasivo de la
Diputación de Vizcaya se encontraba cerca de los 1.000 millones de euros ya en
el año 2010. Durante ese mismo ejercicio, el segundo lugar en cuanto a la
envergadura de sus deudas le correspondió al Cabildo de Tenerife, con un monto
total que ascendió a 477,2 millones de euros.
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