Lamentable que sucedan esas cosas, con las penurias que están
pasando millones de españoles. Personalmente no soy partidario de meter a la
cárcel a nadie (excepto para casos de violaciones o asesinatos), pero para todo
lo demás creo que la justicia debería aprovechar para hacer negocio rentable de
los delitos de robo o corrupción, tan abundantes en nuestro país. Personalmente
sería más partidario de que se haga devolver el dinero robado, más intereses,
más costas judiciales, más una fuerte multa,…la suma del total debería de ir al
erario público y destinado para financiar las penurias y necesidades que están
sufriendo millones de españoles. De esta manera convertimos la corrupción en un
negocio práctico, rentable y aprovechable para el erario público. ¿Qué no puede pagar?, pues embargos sean de
propiedades o de los propios sueldos si tienen empleos o cargos , petición de
créditos para pagarlos poco a poco, o penas de trabajos a favor de la
comunidad. En el caso del llamado “duque empalmado”, que pasa a ser “duque
embargado”, no lo tendría difícil que su suegro El Rey le ayudara con su
supuesta fortuna de más de 1700 millones (suma que tiene según indicó la
revista Forbes), para cubrir los costes judiciales, las devoluciones del dinero
robado, y las multas derivadas del delito de su yerno, en un intento de salvar
el matrimonio de su hija la Infanta y el bienestar familiar de sus nietos Urdangarin-Borbón.
Creo que sería la mejor solución, y todos contentos, y todo quedaría en familia
con aquello propio del Rey cuando se arrepintió de ir a cazar elefantes: “no
volverá a ocurrir”. Y además se aprovecharía el todavía supuesto delito del
Duque de Palma, para obtener más dinero con lo que financiar, por ejemplo, las
subvenciones por desempleo, tan necesitadas en los tiempos que corremos. Y
todos quedarían tan contentos. Y ojalà que con esto el duque, que aunque haber
sido ladrón no quiere decir ser maleducado ni que desatienda a su familia,
aprende ya que la ambición deshonesta puede llegar a romper el saco, como se
suele decir, y esto es algo en que han metido la pata demasiados, sobretodo
políticos y banqueros.
URDANGARÍN Y TORRES NO REÚNEN LOS OCHO MILLONES DE FIANZA YEL JUEZ EMBARGARÁ SUS BIENES
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LA JUSTICIA CONFISCARÁ EL
LUJOSO PALACETE DE PEDRALBES
Urdangarín y
Torres no reúnen los ocho millones de fianza y el juez embargará sus bienes
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El
duque de Palma seguido de su abogado llega a los juzgados de Palma (Efe /
Archivo).
La pasada medianoche finalizó el plazo. Y ni Iñaki Urdangarín ni Diego
Torreshabían depositado a esa hora los 8,1
millones de euros de fianza que
les exigía el juez José Castro para hacer frente a su responsabilidad
civil en el caso Nóos.
A partir de ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma
tiene vía libre para embargar las propiedades y cuentas corrientes de los dos
ex socios hasta cubrir la cantidad que les reclama.
A medida que se acercaba la hora marcada por el
juez para hacer efectiva la fianza sin que Urdangarín y Torres alcanzasen un
acuerdo sobre la cantidad que abonaría cada uno, parecía más evidente que
ninguno de los dos sería capaz de afrontar el pago. Al tener éste carácter
solidario, ambos podían repartirse la carga de mutuo acuerdo, bien al 50% -algo
más de cuatro millones de euros por cabeza- o mediante
el porcentaje que pactaran. Pero todo parece indicar que ni Urdangarín
dispone en este momento de liquidez suficiente ni las presiones de Torres para
que aquél asumiera su parte han surtido efecto.
El juez impuso a ambos el pasado 30 de enero una
fianza de responsabilidad civil de 8,1 milllones de euros y les dio de plazo
hasta la medianoche de ayer para hacerla efectiva. Esa cantidad es la suma de
las subvenciones íntegras que el Instituto Nóos cobró de los gobiernos
autonómicos balear y valenciano, y que posteriormente desvió de manera
fraudulenta al entramado societario montado por ambos socios, más un tercio de multa en aplicación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. En el auto en el que fijaba esa fianza, Castro atribuía a Urdangarín seis delitos
diferentes, que le pueden acarrear hasta 20 años de prisión.
Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina de Borbón, cuentan con un elevado patrimonio inmobiliario,
en principio más que suficiente para cubrir la fianza. El yerno y la hija de don Juan Carlos poseen un palacete en el exclusivo
barrio barcelonés de Pedralbes, adquirido en 2004 por seis millones de euros
mediante un crédito hipotecario concedido por La Caixa. Los duques de Palma
alquilaron la mansión por 13.000 euros mensuales poco después de su marcha a
Washington, en 2009, y tras regresar en 2012 de EEUU la volvieron a alquilar
para instalarse en otra vivienda menos ostentosa.
Pisos, plazas de garaje...
Pero su patrimonio no se limita al palacete de Pedralbes. Urdangarín y la infanta
Cristina compraron, también en 2004, dos pisos, dos plazas de garaje y un
trastero en Palma por los que pagaron casi 450.000 euros, y que figuran a
nombre de Aizoon S.L., una sociedad participada al 50% por ambos cónyuges. Tres
años más tarde, en 2007, adquirieron una vivienda en Terrassa (Barcelona), de
la que también es titular la mercantil Aizoon, por la que abonaron 250.000
euros. Sus bienes inmobiliarios se completan con otros tres pisos situados en
un edificio de la calle Marqués de Fontsanta de Palma, comprados en 2003 por
620.000 euros y escriturados a nombre de Nóos Consultoría Estratégica S.L., una
firma propiedad de Urdangarín y Torres.
Este último comparte con su esposa, Ana María Tejeiro, la propiedad
de un chalé en la localidad barcelonesa de Sant Cugat, por el que pagaron 1,2
millones de euros. Ambos disponen también en Suiza de una cuenta bancaria con un saldo de casi un millón de euros,
pero no pueden disponer de esa cantidad porque en su día fue embargada por el juez
Castro.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3
de Palma podrá iniciar a partir de hoy mismo el proceso de apremio para
ejecutar el embargo de los bienes de Urdangarín y Torres, aunque ese
procedimiento puede demorarse aún varias semanas. Lo habitual en estas
circunstancias es que el juez requiera a ambos imputados para que designen qué
bienes patrimoniales entregan como aval. Una vez comprobado su valor, tras la tasación efectuada por un
perito judicial, esas propiedades inmobiliarias quedarán embargadas.
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