Como siempre se ha probado, lo primero que hace todo político es procurar por su propio bienestar. A pesar de lo arruinada que está España, ninguno quiere perder privilegios, cargos, sueldos, prebendas, dietas, pluses y demás mamandurrías.  Que todo sea para mantener su poder y sus privilegios, aunque sea a costa del bolsillo de los ciudadanos: "Los alcaldes de toda España del PP y del PSOE han plasmado su rechazo al proyecto de reforma de la administración local del Gobierno en un documento de alegaciones de 104 folios. Es una enmienda a la totalidad frente a los planes del Ejecutivo para ahorrar y simplificar su funcionamiento". Y eso tan sólo por una tímida e insignificante pretensión de Mariano Rajoy en adelgazar las despilfarradoras administraciones, y ahorrarse unos  insignificantes 7000 millones de eurillos de nada, frente al oficialmente más de un billón de euros de déficit público (aunque el real se supone que supera los tres BILLONES de euros, con “B” gorda de BURRADA.  

¿Realmente los ciudadanos están dispuestos a soportar todo el aparato político y administrativo de más de 8000 ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, consejos comarcales, cabildos, diversidad de entes públicos, así como las 17 Comunidades Autónomos, pagando tres o cuatro veces los costes en sanidad, educación, así como otros servicios sociales básicos, etc.., etc… y además con la pésima calidad propia de toda entidad burocratizada que no necesita aplicar ni la eficacia ni la competencia?. Si existen otras fórmulas políticas-administrativas que pueden ser hasta más de 4 ó 5 veces más baratas que el actual sistema, ¿por qué la casta política española se oponen casi todos a esas reformas que habrían de suponer mejores y más simplificados servicios con muchísimos menos impuestos?. La respuesta es muy sencilla: porque se lucran del sistema corrupto y les sirve para mantener cargos para afiliados,  amiguetes y familiares de los miembros de los distintos partidos políticos, y más siendo pagados por el pueblo con sus impuestos, por aquello que una vez dijo cierta ministra socialista “el dinero de todos,  es el dinero de nadie”. Por eso hay tantos políticos y funcionarios parásitos que cuya razón de existir es tan sólo mamar a expensas del Estado que se nutre con los impuestos de todos, y si no, observemos de todas las partidas presupuestarias qué cantidades van para nóminas y dietas para políticos y funcionarios que realmente casi nada aportan, salvo aprovecharse de ese legalizado sistema de lucro encubierto.

Diría que es casi imposible de cambiar este corrupto sistema de distintas administraciones mientras no exista un sistema democrático de listas abiertas. En cierto modo estamos sometidos a la dictadura de los partidos y sus inevitables mamandurrias, sufriendo las opresiones de impuestos, multas y mogollón de leyes inútiles que cada vez nos recortan más nuestras libertades. Pero ellos (la casta política) quedarán bien panchos: todos los gastos los pagan los “borregos” del pueblo, vía impuestos. Y desde luego, el político honrado es especie prácticamente extinguida en España.

LOS ALCALDES DEL PP Y DEL PSOE SE REBELAN UNIDOS CONTRA LA REFORMALOCAL

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Los alcaldes del PP y del PSOE se rebelan unidos contra la reforma local

 Serna. (EFE)

Ángel Collado14/04/2013  (06:00)

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Los alcaldes de toda España, del PP y del PSOE, han plasmado su rechazo al proyecto de reforma de la administración local del Gobierno en un documento de alegaciones que consta de 104 folios. Es una enmienda a la totalidad frente a los planes y objetivos del Ejecutivo para ahorrar y simplificar el funcionamiento de Ayuntamientos, Diputaciones, cabildos, mancomunidades y consejos comarcales. Los alcaldes se niegan a perder competencias, autonomía, poder y cargos.

La Federación Española de Municipios y Provincias, con mayoría de alcaldes del Partido Popular, ha aprobado por acuerdo de sus principales representantes, incluidos los socialistas, el citado documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, en el que se empieza por exigir al Gobierno que la reforma de la administración local“se haga respetando la autonomía local constitucionalmente garantizada”.

“Una tutela administrativa sobre las administraciones locales incompatible con el principio de autonomía local”

La reforma local es el principal proyecto que el Ejecutivo de Rajoy tiene comprometido para este año con el fin de ahorrar 7.129 millones de euros entre finales de este ejercicio y 2015 por la vía de aclarar competencias, suprimir duplicidades y garantizar el cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria en diputaciones y ayuntamientos.

La Femp está presidida por el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, del PP, y tiene como vicepresidente al alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. A la Federación en pleno no le ha gustado nada el informe sobre el “anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local” que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de febrero. Después de negociar durante varias semanas, los ediles de todos los partidos han pactado hacer alegaciones a casi todo el texto del Gobierno.

El “coste estándar”, fijado por el Gobierno

“Por presiones de otras Administraciones, este anteproyecto no puede ni debe dejar incompleto el proceso ineludible de afrontar el problema de la prestación de las competencias impropias que absorben más del 25% del gasto público de los gobiernos locales”, explica la Femp en el prólogo del documento además de rechazar de plano que el Gobierno les fije el “coste estándar” de los servicios que deben prestar. Es uno de los puntos fundamentales del plan del Ejecutivo para ahorrar en ese terreno al agrupar las Diputaciones con la prestación de los servicios que los ayuntamientos más pequeños o en peor situación financiera efectúan con un coste más alto.

La Federación dedica un capítulo de sus alegaciones a oponerse a la intervención de los municipios por Hacienda

La Federación quiere que los criterios para establecer ese “coste estándar” se acoten con una ley específica y que sea obligatorio  escuchar previamente la opinión de la propia Femp. Además, en sus alegaciones piden que se deje claro queun gobierno municipal “nunca pierde la competencia, sólo cede la gestión”.

Los alcaldes rechazan las medidas que el Ejecutivo quiere imponer para que las Diputaciones se queden con competencias de los municipios menores y proponen que se eliminenlos límites: “Se debe modificar permitiendo la delegación (no expropiación) de competencias para todos los municipios, sin limitarla a 20.000 habitantes, y eliminando el listado de competencias”.

La Federación dedica un capítulo de sus alegaciones a oponerse a la intervención de los municipios por Hacienda, opción que queda muy reforzada en el proyecto del Gobierno para los casos de ayuntamientos que no cumplan con las exigencias de la estabilidad presupuestaria o no rindan cuentas y tengan menos de 5.000 habitantes. La Femp destaca alarmada que por esa vía podrían desaparecer “de facto” muchos gobiernos municipales.

Rechazo al control de los interventores municipales

La reforma local es el principal proyecto que el Ejecutivo de Rajoy tiene comprometido para este año con el fin de ahorrar 7.129 millones de euros entre finales de este ejercicio y 2015 

El documento de los alcaldes confirma su rechazo al empeño del Gobierno en que los interventores municipales dejen de depender directamente de los políticos electos de cada ayuntamiento y a que amplíen sus funciones de control sobre los gastos e inversiones de la corporación. “Se atribuyen al interventor funciones que no le corresponden al encomendarle la elaboración de informes no sólo de fiscalización, sino también de eficiencia para la gestión de los servicios públicos”, se queja la Femp.

La Federación protesta ante la posibilidad de que los interventores sólo puedan ser nombrados y cesados en los municipios más grandes “con la autorización de la Administración General del Estado” y considera la medida “una tutela administrativa sobre las administraciones locales incompatible con el principio de autonomía local”.

En el capítulo de reducción de sueldos de alcaldes y concejales, la Femp se limita a reclamar que en el techo fijado por el Gobierno (la retribución de un secretario de Estado) el proyecto aclare que incluye todos los complementos, “incluido el de productividad”. Así, los alcaldes de las grandes ciudades podrían percibir alrededor de 90.000 euros brutos anuales.

También se pronuncian en contra del principio que quiere establecer el Gobierno para que los alcaldes de municipios de menos de 1.000 habitantes no puedan percibir salario público alguno. La inmensa mayoría ya no cobra, pero la Femp quiere que se deje libertad de decisión a cada ayuntamiento.