"A 30 de septiembre de 2011, el patrimonio neto se torna negativo y la sociedad entra en causa de disolución". Así se resume la realidad sin maquillaje contable de Bankia, la que puede ser la mayor estafa de nuestra historia según los peritos del Banco de España. Una estafa para los que compraron sus acciones y preferentes, y para todos los ciudadanos, que hemos puesto 22.500 millones para su rescate. El informe da a entender que toda la historia de la entidad fue una farsa, desde la fusión de las cajas hasta su rescate, pasando por la escandalosa salida a bolsa. Y los máximos responsables, mientras tanto, cobrando bonus ilegales y tarjetas black.
Los grandes culpables son los consejeros de BFA-Bankia encabezados por su presidente, Rodrigo Rato, su fiel escudero, José Manuel Fernández Norniella, y el amo de Bancaja, José Luis Olivas. Pero no estaban solos. Detrás tenían a los tres grandes partidos nacionales (el PP para salvar su control absoluto de Madrid y Valencia, el PSOE para mantener el Gobierno de una España al borde del colapso e IU para conseguir fondos y prebendas), los dos sindicatos y la patronal. Como cómplice principal, Deloitte, a la vez auditor, consultor, diseñador de la salida a bolsa y rectificador de las cuentas que él mismo había dado por buenas. Con importancia decreciente aparecen en el elenco Lazard (donde trabajaba Rato antes de Caja Madrid), BDO (que avaló la valoración de Bankia cuando se segregó de BFA), AFI, Ernst & Young y una serie de empresas participadas o relacionadas con Bankia. Y, como cooperadores necesarios, un Banco de España que, o bien no se enteraba de nada, o bien miró escandalosamente para otro lado -no está claro qué es peor-, y la CNMV, que, como siempre, estaba a la luna de Valencia.
Rodrigo Rato y su fiel escudero Fernández Norniella son los grandes culpables, pero no estaban solos. Detrás le seguían PP, PSOE e IU, sindicatos y patronal. Y como cómplices Deloitte, Lazard, BDO, AFI y Ernst & Young. El Banco de España, cooperador necesario
Los informes de los peritos cuetionan la propiacreación en 2010 del llamado Banco Financiero y de Ahorro (como si los demás no lo fueran), la fusión fría que luego derivó en caliente de Caja Madrid, Bancaja y las cajas de Ávila, Segovia, Rioja, Canarias y Laietana. Esta fusión tenía como objetivo principal "acceder a las ayudas del FROB para capitalizar el grupo y poder superar los test de estrés de julio de 2010". Es decir, evitar que aquellos ejercicios pusieran al descubierto la situación insostenible de las cajas madrileña y valenciana, y la necesidad de intervenirlas tras años de expansión desaforada basada en el ladrillo y de concesión ilimitada de crédito a los amigos del partido para enriquecerse. Y lo consiguieron: en ese ejercicio europeo, BFA obtuvo un exceso de capital de 1.714 millones nada menos -tras recibir 4.465 de dinero público- en el escenario adverso. No es extraño que estos test se convirtieran en el hazmerreír de los mercados, una reputación que sólo han recuperado con el examen del BCE de octubre.
Ya las cuentas de ese año escondieron un deterioro provocado por el estallido de la burbuja inmobiliaria que era evidente para los gestores de la entidad, según estos informes, y que sí se reflejó en otras que ya habían pasado a ser controladas por el FROB. Según uno de los peritos del supervisor, el beneficio neto declarado de 529 millones era en realidad una pérdida de 62 millones. El otro señala que el propio BFA acometió ajustes adicionales por la combinación de negocios de las siete cajas por valor de 3.931 millones en 2011, algo que debió hacerse un año antes: "no puede alegarse desconocimiento de este deterioro a 31 de diciembre de 2010, porque BFA tenía la información necesaria, o estaba a su alcance conseguirla, para establecer la correcta valoración de los activos". Pese a ello, Deloitte revisó sus propias cuentas y firmó la auditoría sin salvedades, y el gobernador del BdE, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no dijo esta boca es mía.
Salir a bolsa, cuestión de Estado
Que BFA era inviable y que tanto los gestores de la entidad como las autoridades lo sabían quedó de manifiesto en la necesidad de captar capital privado para sostenerlo como fuera. Para ello, en 2011 se segregó el negocio bancario limpio de los activos más tóxicos con la creación de Bankia (BFA se convirtió en un banco malo), que fue lo que se sacó a bolsa en julio para tratar de atraer a unos inversores que no se fiaban ni de la entidad ni del país, con la prima de riesgo desbocada.
Rodrigo Rato. (Efe)Rodrigo Rato. (Efe)
Y esta salida al parqué se convirtió en una cuestión de Estado: había que salvar al 'soldado Rato' como fuera. De ahí que se pidiera a los principales bancos y aseguradoras del país que hicieran su 'donativo', que la red comercial tratara de vender denodadamente acciones a cualquier incauto que se pasar por la oficina -picaron más de 300.000- y que incluso se presionara a las empresas que estaban en mora con la entidad para que acudieran a la OPV a cambio de hacer la vista gorda con 'lo suyo'.
También se falsearon las cuentas incluidas en el folleto registrado en la CNMV. Según uno de los informes, en marzo de 2011 (la última fecha incluida en ese documento) las cuentas reales de Bankia deberían haber reflejado unas pérdidas de 864,67 millones en el primer trimestre en vez del beneficio de 64,16 millones que se incluyó en el documento; y sin salvedades por parte de Deloitte, por supuesto. Unas cuentas que no cumplían con las normas del BdE, siempre según este perito, sin que el supervisor se diera por enterado. 
Ni con todo eso fue suficiente. Hubo que bajar el precio hasta ofrecer un descuento del 74% sobre el valor teórico contable de la entidad, 3,75 euros. Y aun así, los inversores extranjeros se negaron en redondo a comprar. Gracias a la demanda artificial española se logró salvar la oferta y que las cajas mantuvieran más del 50% del capital de Bankia para no tener que tranformarse en fundaciones (cuanto más bajo el precio, más porcentaje se colocaba); concretamente, se quedaron con el 52%.
Que BFA era inviable y que los gestores de la entidad y las autoridades lo sabían quedó de manifiesto en la necesidad de captar capital privado para sostenerlo como fuera
Ahora bien, esto tuvo gravísimas consecuencias: por un lado, hundió la valoración de la participación de BFA en Bankia (al estar tan por debajo del valor en libros), aunque la matriz no lo provisionó con la aquiescencia -cómo no- de Deloitte; por otro, una venta de un porcentaje tan alto impedía la consolidación fiscal y que BFA se apuntara 2.400 millones de créditos fiscales; sin eso, los peritos consideran que BFA era inviable... ya en 2011. De ahi que uno de ellos afirme que sólo dos meses después de la OPV estaba en causa de disolución. La salida a bolsa no fue la única ayuda: el Real Decreto 2/2011 de Elena Salgado, el que teóricamente le obligaba a elevar su capital, también le eximía de lanzar una OPA sobre el Banco de Valencia pese a superar ampliamente el 30% que marca la Ley para todas las empresas.
 Game over: las cuentas de 2011 ya no resisten
Esta situación de quiebra técnica, sumada al deterioro de la economía española, la mala gestión de la empresa y la "pésima calidad del seguimiento del riesgo de crédito", destrozaron las cuentas del ejercicio completo de 2011. La entidad intentó maquillarlas una vez, aunque esta vez el socio de Deloitte Francisco Celma, que había aceptado todos los enjuagues hasta la fecha, se plantó. Las razones no están claras, según los peritos, puesto que algunos implicados aseguran que pretendía poner dos salvedades (el deterioro del valor de Bankia en BFA y los créditos fiscales), mientras que otros hablan solamente de retrasos en la recepción de la información. Sea como fuere, Bankia debería haber presentado unas pérdidas del ejercicio de1.830 millones, que en el caso de BFA se elevarían hasta la brutal cifra negativa de 4.570 millones.
Estas cantidades provocaron el derrumbe del castillo de naipes. Luis de Guindos, el sustituto de Salgado, convocó a los grandes bancos y, con su apoyo, decapitó a Rato, su antiguo jefe, decidió la nacionalización de la entidad y el nombramiento como presidente de José Ignacio Goirigolzarri en mayo de 2012. Éste reformuló las cuentas para sacar a la luz todo lo que se había ocultado, aunque tampoco se libra de las críticas de los peritos: por un lado, decidió pasar sólo a subestándar muchos créditos que debían ser dudosos, con lo que provisionó menos de lo que debería (es decir, deberíahaber dado todavía más pérdidas, 1.192 millones para ser exactos); por otro, anuló todos los créditos fiscales por considerarlos irrecuperables, algo que no era así tras el rescate -es decir, debía haber mantenido una parte, en torno a 1.400 millones-.
Sede de Bankia. (Efe)Sede de Bankia. (Efe)
El resto de la historia ya es conocido: los test de estrés de Oliver Wyman, la inyección adicional hasta 22.500 millones de dinero público, un durísimo plan de ajuste impuesto por Bruselas -incluyendo las pérdidas de los titulares de preferentes y subordinada, subsanadas en los casos de los clientes más débiles por un arbitraje- y el inicio de una lenta recuperación gracias a la leve mejora de la economía. 
Los consejeros: a vivir, que son dos días
Y mientras todo esto sucedía, los responsables del desastre, los consejeros de Bankia de todas las procedencias, se limitaban a hacer de palmeros que aplaudían a Rato por el precio de la OPV -pese a los enormes perjuicios que provocó- o pensaban que era positiva la intervención del Banco de Valencia. Y esos aplausos les permitieron enriquecerse con jugosos sueldos, bonus y las tristemente famosas tarjetas black. Según uno de los informes, se incumplió la Ley de la Comunidad de Madrid porque algunos de estos consejeros (incluyendo a Rato) cobraron a la vez de Bankia y de Caja Madrid. Según sus cálculos, las cantidades que se llevaron indebidamente ascienden a 4,3 millones de euros. 
En cuanto a las tarjetas opacas, los peritos del BdE no tienen dudas de que su finalidad era ocultar estos gastos y no declararlos a Hacienda, de que se incumplió la Ley y de que cualquiera podía darse cuenta del carácter indebido del uso de estas tarjetas, como sostiene el FROB. Además, critican las lagunas de información en estos medios de pago y señalan que los principales implicados tenían más tarjetas de las que se han publicado; o bien no las usaron, o bien los actuales gestores de Bankia no han facilitado la información.