La noticia salió hace justo un año. Imagino que esta
noticia no fue bien redactada por el supuesto manipulado becario aborregado de
turno: no informaba de la nacionalidad de los beneficiarios de estas ayudas, y
mucho me temo que acabaron siendo los inmigrantes, aparte de los sinvergüenzas
de los okupas que los ampara un estamento judicial completamente corrupto y
ladrón, porque ladrón es todo aquel que desde el poder institucional legisla y
consiente que cualquiera se apodere de la propiedad privada de un tercero, ya
que en donde no se respeta la propiedad privada, la injusticia acampa a sus
anchas. Y lo sospecho porque recientemente por los medios de comunicación y las
redes sociales hemos sabido que en la Comunidad de Madrid, casi todas las
ayudas para vivienda han terminado en manos de extranjeros, tal como hemos
podido comprobar en listas publicadas.
Me parece buena la idea de ayudar a los españoles más
desfavorecidos, pero mucho me temo que los "apóstoles de lo políticamente
correcto" no están por esa noble labor si de entrada en tu DNI ya pone que
eres español de raigambre. Por otra parte
me pregunto: ¿Y a los que pagan hipotecas o alquileres, a costa de estrecheces,
disgustos, sacrificios y desvelos,....muchos en la incertidumbre de perder el
trabajo, o ya en paro cobrando una ayuda por desempleo que es limitada, ....quién
los ayuda?. Como podéis ver, la inmensa mayoría quedan como unos
"pringaos", y los mas listos se aprovechan de personajes como
Carmena, Colau, y demás fauna por el estilo, mientras los demás ya no saben ni
cómo cagarse en los pantalones. Y como los pobres son tantos (y muchos más de
los que imaginamos), esas ayudas pudieron alcanzar para todos, lo cual
inevitablemente dio lugar a episodios de corrupción y favoritismo en la concesión
de las ayudas publicas. Ayudar desde las instituciones públicas es bueno, pero
también puede ser algo muy malo si no va acompañado por aquello de "o
todos iguales, o ninguno".
CARMENA PAGARÁ EL ALQUILER DE HASTA 150 FAMILIAS OKUPAS
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Servicios sociales visitarán a las familias que entraron en las viviendas de forma ilegal para conocer su situación
El Ayuntamiento de la capital hizo ayer oficial la firma de un acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) mediante el que se incorporarán 300 viviendas al parque de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo. El acuerdo permitirá la cesión de 150 pisos vacíos y otros 150 que se encuentran actualmente ocupados por familias que, según el consistorio, se encuentran en situación de vulnerabilidad. La delegada de Equidad y Derechos Sociales, Marta Higueras, confirmó ayer, tras la reunión de la Junta de Gobierno, que la intención del equipo de Ahora Madrid es la de «regularizar» la situación de las familias vulnerables mediante contratos de alquiler. Para conocer en qué situación se encuentran las familias que accedieron a estas viviendas de forma ilegal, los servicios sociales realizarán visitas a las mismas en las próximas semanas. El alquiler no superará en ningún caso el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar. Higueras aseguró que, en casos de familias en extrema pobreza, sin ingresos, el alquiler sería de «cero euros». Esta medida, explicó, está pensada para ayudar a estas personas, con independencia de que a través de la Oficina municipal de Intermediación Hipotecaria o de la Plataforma Antidesahucio se haya logrado «parar un buen número de desahucios».
Preguntada por si esta decisión supone en la práctica que el Ayuntamiento termine sufragando por completo el alquiler social a estas familias, la número dos del Gobierno de Carmena dejó claro que ella entiende que si esas personas están ocupando una vivienda de la Sareb es porque «no pueden pagar otras». Distinguió, eso sí, la situación de estas familias vulnerables con las que puedan protagonizar otros okupas conflictivos. En este tipo de casos, en los que, por ejemplo, se den situaciones de quejas reiteradas por parte del resto de los vecinos o la comisión de algún delito relacionado con el tráfico de drogas, el Gobierno promoverá el «desalojo» con el fin de lograr tener más viviendas para familias en situación de necesidad. «No daremos cobertura al conflicto», aseguró.
El acuerdo entre la Empresa Municipal de la Vivienda, dependiente de Higueras, y la Sareb contempla además que el consistorio pagará 75 euros cada mes por cada una de las viviendas ocupadas y 125 euros mensuales por cada piso vacío. El Ayuntamiento también abonará el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles y de todos los gastos del contrato de gestión del alquiler. La Sareb, por su parte, se compromete a pagar los seguros de las viviendas y las cuotas correspondientes de la comunidad de propietarios.
Reforma de 2.500 euros
Las viviendas vacías tendrán un periodo de carencia de seis meses en el pago mensual hasta que se solucione su ocupación. Si necesitaran algún tipo de reparación, los gastos se abonarán al 50 por ciento por la EMVS y la Sareb siempre que no superen los 2.500 euros.
Al ser cuestionada por los acuerdos firmados con el resto de entidades bancarias, la delegada de Equidad contestó que son verbales y que están trabajando con ellas «con normalidad», a pesar de que el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que estos acuerdos ya habían sido firmados. «Todos los desahucios que se pueden plantear por impago de cuotas se están paralizando. Ahora mismo no se produce ningún desahucio por entidades financieras. Al menos no nos consta», declaró.
Servicios sociales visitarán a las familias que entraron en las viviendas de forma ilegal para conocer su situación
El Ayuntamiento de la capital hizo ayer oficial la firma de un acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) mediante el que se incorporarán 300 viviendas al parque de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo. El acuerdo permitirá la cesión de 150 pisos vacíos y otros 150 que se encuentran actualmente ocupados por familias que, según el consistorio, se encuentran en situación de vulnerabilidad. La delegada de Equidad y Derechos Sociales, Marta Higueras, confirmó ayer, tras la reunión de la Junta de Gobierno, que la intención del equipo de Ahora Madrid es la de «regularizar» la situación de las familias vulnerables mediante contratos de alquiler. Para conocer en qué situación se encuentran las familias que accedieron a estas viviendas de forma ilegal, los servicios sociales realizarán visitas a las mismas en las próximas semanas. El alquiler no superará en ningún caso el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar. Higueras aseguró que, en casos de familias en extrema pobreza, sin ingresos, el alquiler sería de «cero euros». Esta medida, explicó, está pensada para ayudar a estas personas, con independencia de que a través de la Oficina municipal de Intermediación Hipotecaria o de la Plataforma Antidesahucio se haya logrado «parar un buen número de desahucios».
Preguntada por si esta decisión supone en la práctica que el Ayuntamiento termine sufragando por completo el alquiler social a estas familias, la número dos del Gobierno de Carmena dejó claro que ella entiende que si esas personas están ocupando una vivienda de la Sareb es porque «no pueden pagar otras». Distinguió, eso sí, la situación de estas familias vulnerables con las que puedan protagonizar otros okupas conflictivos. En este tipo de casos, en los que, por ejemplo, se den situaciones de quejas reiteradas por parte del resto de los vecinos o la comisión de algún delito relacionado con el tráfico de drogas, el Gobierno promoverá el «desalojo» con el fin de lograr tener más viviendas para familias en situación de necesidad. «No daremos cobertura al conflicto», aseguró.
El acuerdo entre la Empresa Municipal de la Vivienda, dependiente de Higueras, y la Sareb contempla además que el consistorio pagará 75 euros cada mes por cada una de las viviendas ocupadas y 125 euros mensuales por cada piso vacío. El Ayuntamiento también abonará el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles y de todos los gastos del contrato de gestión del alquiler. La Sareb, por su parte, se compromete a pagar los seguros de las viviendas y las cuotas correspondientes de la comunidad de propietarios.
Reforma de 2.500 euros
Las viviendas vacías tendrán un periodo de carencia de seis meses en el pago mensual hasta que se solucione su ocupación. Si necesitaran algún tipo de reparación, los gastos se abonarán al 50 por ciento por la EMVS y la Sareb siempre que no superen los 2.500 euros.
Al ser cuestionada por los acuerdos firmados con el resto de entidades bancarias, la delegada de Equidad contestó que son verbales y que están trabajando con ellas «con normalidad», a pesar de que el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que estos acuerdos ya habían sido firmados. «Todos los desahucios que se pueden plantear por impago de cuotas se están paralizando. Ahora mismo no se produce ningún desahucio por entidades financieras. Al menos no nos consta», declaró.
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