"Murcia, paradigma de la
corrupción: 45 municipios en la región y 40 causas abiertas" . Sí, lo que
leéis: en una província de sólo 45 municipios, 40 de ellos tienen procesos
judiciales abiertos por causas de corrupción. "Los dos partidos
mayoritarios se reparten los casos -PP, 28; PSOE, 7- en una proporción casi
idéntica a la de municipios en que gobierna"
Pues aquí vemos una prueba
más de que la corrupíón es como un cáncer que destruye y corroe nuestras
instituciones y ha contribuido a agravar mucho más la crisis económica y social
en España, en relación con otros países de la Unión Europea. Si vamos a fondo
con ese asunto, veríamos que la causa de la corrupción está en que con el exceso
de funcionarios y cargos políticos que forman como corporaciones cerradas de
nepotismos y amigismos, y que han hecho de la función pública y de la política
un gran negocio con el que lucrarse con el dinero de todos (que no es de nadie,
según muy acertada visión de cierto ministro socialista). A más funcionarios y
a más cargos políticos, más amigismo y más nepotismo, y con ello más impuestos
con los que lucrarse. Y a más impuestos, más corrupción. Con lo cual, la
verdadera gangrena que debería cortarse en España para sanearla y evitar que la
corrupción se vaya extendiendo cada vez a más, son los impuestos. Sin apenas
impuestos, ni excesivos funcionarios, ni sobrantes e inútiles cargos políticos,
no habrían razones para el lucro, ni para el robo, y por consiguiente para la
corrupción.
Y mientras tanto los juzgados
(que también son altamente corruptibles) están sobrecargados de la faena de la que más pueden indirectamente
lucrarse (ya que son fácilmente corruptibles por quienes tienen dinero sobrante
para comprarlos: los propios corruptos). Y el pueblo indignado por ello, pero
sin aprender que la causa de todo esto son los excesivos impuestos. Por otra
parte, tan lucrativo es el negocio de la política, que todos han perdido el
sentido de la honestidad y de la honradez, y cada vez que alguien mete la pata,
nadie dimite, ¿quién va a dimitir si en política se chupa permanentemente de la
vaca pública sin apenas hacer nada, mientras que afuera de la política sólo les
espera un desempleo espantoso, y más siendo inepto, incompetente e inútil?,
cuando en Alemania una ministra dimite por haber copiado una tesis
universitaria de décadas atrás, o en Inglaterra dimite un ministro por haber
defraudado en multas. Y luego incluso tienen la caradura de criminalizar otra
lacra que ellos mismos han creado debido al exceso de impuestos y normativas:
la economía sumergida.
MURCIA, PARADIGMA DE LA CORRUPCIÓN: 45 MUNICIPIOS Y 40CAUSAS ABIERTAS
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PP Y PSOE SE LAS REPARTEN
DONDE GOBIERNAN
Murcia, paradigma
de la corrupción: 45 municipios y 40 causas abiertas
El
alcalde de Cieza, Antonio Tamayo (i) (http://www.carm.es)
El sobreseimiento de una causa contra un alcalde del Partido
Popular ha provocado la polémica sobre esos procedimientos en Murcia, que tiene actualmente 40
causas por corrupción abiertas en una región de 45 municipios. En esa
llamativa proporción no están todos los que son, puesto que hay algunos
ayuntamientos que no tienen ninguna, pero sí son todos los que están, algunos
varias veces.
Un juzgado de Cieza acordó recientemente, a petición de la Fiscalía regional, sobreseer la causa que se seguía contra el alcalde del PP, Antonio Tamayo, por prevaricación y delito contra el medio ambiente denunciado por el PSOE. El partido del edil aprovechó la ocasión para resaltar, por boca de su portavoz parlamentario regional, Juan Carlos Ruiz, que este es el caso número 64 en que han sido desestimadas denuncias de otros partidos contra ediles populares.
Fuentes jurídicas consultadas mostraron su sorpresa por el cómputo, puesto quesolamente hay constancia de 40 casos abiertos en los últimos años contra representantes de partidos políticos o empleados públicos por presunta corrupción en los 45 municipios de la Región. La oficina de prensa del PP no facilitó la lista de los 64 casos desestimados que le fue solicitada por este diario.
De los 40 asuntos comprobados de presunta corrupción abiertos en la Región de Murcia, 28 afectan a concejales y alcaldes del Partido Popular en distintos municipios. Destaca entre ellos el llamado caso Umbra, en el que están imputados el actual alcalde de la capital, Miguel Ángel Cámara, los dos anteriores concejales de Urbanismo, Pilar Megía y Fernando Berberena, y empresarios, funcionarios y abogados, por prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias y trato de favor a las empresas promotoras de millones de metros cuadrados en el norte del municipio capitalino.
Los municipios gobernados por el PP de Águilas, Puerto Lumbreras, Fortuna, Totana, Fuente Álamo, San Javier, Torre Pacheco, Blanca, Fortuna, Totana, Alcantarilla, Alguazas, Caravaca de la Cruz y Murcia tienen o han tenido uno o varios casos judiciales por presunta corrupción en los últimos años.
En ellos, el tamaño no es lo importante, como prueba el pequeño municipio de Puerto Lumbreras, limítrofe con Almería, que tiene tres causas abiertas. En dos de ellas -por prevaricación urbanística y por prevaricación administrativa- está inmerso el acalde,Pedro Antonio Sánchez. Pero el gran municipio de la capital murciana -450.000 habitantes, séptima ciudad española- no le va a la zaga, pues además del Umbra tiene abiertos otros tres casos.
Uno de estos últimos lo comparte con Alcantarilla, igualmente gobernada por el PP, por contaminación del río Segura, y ostenta el dudoso honor de ser el más antiguo aún en curso, ya que se inició por una denuncia de Izquierda Unida en 1999.
Del lado socialista, con un total de siete procedimientos, llama la atención el caso Limusa en Lorca, uno de los pocos que ha sido cerrado con la condena de dos exconcejales del PSOE -Bartolomé Soler y Jesús Molina- y el exgerente de la empresa municipal de limpieza.
También tiene el PSOE su pequeña heroína gracias a Resurrección García, que gobernó Lorquí entre 1995 y 2007, y se sentará próximamente en el banquillo por rebajar a capricho 27 sanciones urbanísticas, cosa presuntamente constitutiva de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Entre los procedimientos acabados, el Partido Popular se lleva la palma por las condenas obtenidas en Totana por el exalcalde Juan Morales -actualmente en la cárcel por prevaricación, cohecho, falsedad, entre otras causas-, y en Fortuna por el exalcalde Matías Carrillo -inhabilitado por el Tribunal Supremo por delito electoral consistente en la compra de votos y prevaricación-. El sucesor de Morales, el también popular José Martínez Andreo, tiene una petición fiscal de tres años y cuatro meses por coacciones y obstrucción a la justicia por tomar represalias contra el denunciante de los hechos que llevaron a la cárcel al anterior alcalde.
Un juzgado de Cieza acordó recientemente, a petición de la Fiscalía regional, sobreseer la causa que se seguía contra el alcalde del PP, Antonio Tamayo, por prevaricación y delito contra el medio ambiente denunciado por el PSOE. El partido del edil aprovechó la ocasión para resaltar, por boca de su portavoz parlamentario regional, Juan Carlos Ruiz, que este es el caso número 64 en que han sido desestimadas denuncias de otros partidos contra ediles populares.
Fuentes jurídicas consultadas mostraron su sorpresa por el cómputo, puesto quesolamente hay constancia de 40 casos abiertos en los últimos años contra representantes de partidos políticos o empleados públicos por presunta corrupción en los 45 municipios de la Región. La oficina de prensa del PP no facilitó la lista de los 64 casos desestimados que le fue solicitada por este diario.
De los 40 asuntos comprobados de presunta corrupción abiertos en la Región de Murcia, 28 afectan a concejales y alcaldes del Partido Popular en distintos municipios. Destaca entre ellos el llamado caso Umbra, en el que están imputados el actual alcalde de la capital, Miguel Ángel Cámara, los dos anteriores concejales de Urbanismo, Pilar Megía y Fernando Berberena, y empresarios, funcionarios y abogados, por prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias y trato de favor a las empresas promotoras de millones de metros cuadrados en el norte del municipio capitalino.
Los municipios gobernados por el PP de Águilas, Puerto Lumbreras, Fortuna, Totana, Fuente Álamo, San Javier, Torre Pacheco, Blanca, Fortuna, Totana, Alcantarilla, Alguazas, Caravaca de la Cruz y Murcia tienen o han tenido uno o varios casos judiciales por presunta corrupción en los últimos años.
En ellos, el tamaño no es lo importante, como prueba el pequeño municipio de Puerto Lumbreras, limítrofe con Almería, que tiene tres causas abiertas. En dos de ellas -por prevaricación urbanística y por prevaricación administrativa- está inmerso el acalde,Pedro Antonio Sánchez. Pero el gran municipio de la capital murciana -450.000 habitantes, séptima ciudad española- no le va a la zaga, pues además del Umbra tiene abiertos otros tres casos.
Uno de estos últimos lo comparte con Alcantarilla, igualmente gobernada por el PP, por contaminación del río Segura, y ostenta el dudoso honor de ser el más antiguo aún en curso, ya que se inició por una denuncia de Izquierda Unida en 1999.
Del lado socialista, con un total de siete procedimientos, llama la atención el caso Limusa en Lorca, uno de los pocos que ha sido cerrado con la condena de dos exconcejales del PSOE -Bartolomé Soler y Jesús Molina- y el exgerente de la empresa municipal de limpieza.
También tiene el PSOE su pequeña heroína gracias a Resurrección García, que gobernó Lorquí entre 1995 y 2007, y se sentará próximamente en el banquillo por rebajar a capricho 27 sanciones urbanísticas, cosa presuntamente constitutiva de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Entre los procedimientos acabados, el Partido Popular se lleva la palma por las condenas obtenidas en Totana por el exalcalde Juan Morales -actualmente en la cárcel por prevaricación, cohecho, falsedad, entre otras causas-, y en Fortuna por el exalcalde Matías Carrillo -inhabilitado por el Tribunal Supremo por delito electoral consistente en la compra de votos y prevaricación-. El sucesor de Morales, el también popular José Martínez Andreo, tiene una petición fiscal de tres años y cuatro meses por coacciones y obstrucción a la justicia por tomar represalias contra el denunciante de los hechos que llevaron a la cárcel al anterior alcalde.
Los dos partidos mayoritarios se reparten los casos -PP, 28; PSOE,
7- en una proporción casi idéntica a la de municipios en que gobiernan de los 45 que tiene la Región de
Murcia. Pero en semejante maremágnum de presuntos delitos investigados por los
fiscales, no pueden faltar los funcionarios de la Administración regional. Son
los cinco que restan para totalizar los 40.
De ellos destaca la petición fiscal de imputación del consejero de
Agricultura, Antonio Cerdá -que
tenía competencias de medio ambiente-, en el caso Novo Cartago, que se inició
por la reclasificación como urbanizable de un espacio natural protegido.
Más avanzado está el asunto que afecta al actual director del Instituto de Turismo,Enrique Ujaldón, pendiente de juicio y con petición de ocho años de inhabilitación porque supuestamente prevaricó cuando era director general de Patrimonio alautorizar que se desmontara un yacimiento arqueológico árabe en pleno centro de Murcia. Las protestas ciudadanas consiguieron paralizar el desaguisado.
Más avanzado está el asunto que afecta al actual director del Instituto de Turismo,Enrique Ujaldón, pendiente de juicio y con petición de ocho años de inhabilitación porque supuestamente prevaricó cuando era director general de Patrimonio alautorizar que se desmontara un yacimiento arqueológico árabe en pleno centro de Murcia. Las protestas ciudadanas consiguieron paralizar el desaguisado.
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