AUTONOMÍAS, DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS RECHAZAN PERDER CARGOS, COMPETENCIAS Y SUELDOS

"Autonomías, diputaciones y ayuntamientos rechazan perder cargos, competencias y sueldos": han hecho ya un envío masivo de ‘enmiendas’ al proyecto de reforma de la Administración local que prepara el Gobierno. Pues no hace poco leí en la revista del consell comarcal un artículo de su presidente sobre las bondades y las necesidades de esos servicios comarcales a favor de los ayuntamientos ( y eso sin especificar, por ejemplo, los costes desorbitados de las flotas de autobuses que transportan gratis a los escolares –sobretodo inmigrantes-). Por lo visto, en lugar de apostar por la racionalización y la eficiencia, y llevar a cabo una profunda reforma del aparato de la Administración, suprimiendo organismos innecesarios y evitando duplicidades en las competencias, a la vista de las enmiendas que están presentando, la casta política va a  preferir siempre seguir manteniendo sus privilegios (y sus cargos y con ello su suculenta fuente de ingresos), de modo que el ajuste del escandaloso déficit público siga recayendo en los ciudadanos por la vía de nuevos impuestos (o tasas y multas) y la reducción de la financiación de la inversión pública y los servicios sociales que ahora los ciudadanos están sufriendo. Habría que recordar que ningún otro Estado de Europa mantiene un número tan elevado de ayuntamientos (más de 8.000), la mayoría de menos de 5.000 habitantes, diputaciones provinciales (entidades decimonónicas de cuando no existía un modelo de Estado basado en las Autonomías), mancomunidades, cabildos, CCAA, etc. Lo que ocurre (y eso no sería “políticamente correcto” decirlo), es que hay muchos enchufados que en toda su vida sólo han vivido de la política, y si ahora eso se reformara  tendrían que aprender a trabajar y a ganarse la vida .... y la cosa les viene grande. No cabe duda que tanto Mariano Rajoy (con su cómoda mayoría absoluta), como al resto de los partidos, les interesa conservar diversidad de cargos y demás mamandurrías para los familiares y amiguetes de los militantes o afiliados que conforman el partido, y cada cual de esos afortunados debe de chupar de uno u otro cargo público o puesto de funcionario, como la manera de tenerlos contentos. Por eso a nadie de la casta política les interesa las "listas abiertas". Mientras ellos se forren y la crisis la paguen los ciudadanos, poco les importa lo mal que lo estén pasando, ni la mala estructura corrupta e ineficaz en la que dejan al aparato del Estado. Eso no es ni una auténtica democracia, ni somos un país con libertades, aunque nos pretendan vender esa moto de cuento de lechera de que somos de que somo un país libre, democrático y solidario. Los privilegios de los políticos y los funcionarios, recaen, como siempre, sobre la falta de libertades, el coste de la vida cada día más alto, y el esquilmado a impuestos que sufren la inmensa mayoría de los ciudadanos. ¡Esto es España, señores!



AUTONOMÍAS, DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS RECHAZAN PERDER CARGOS, COMPETENCIAS Y SUELDOS
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Autonomías, diputaciones y ayuntamientos rechazan perder cargos, competencias y sueldos


Cristóbal Montoro junto al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta (EFE)
Ángel Collado 09/04/2013  (06:00)

Comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, cabildos, consejos comarcales y mancomunidades de municipios han hecho ya un envío masivo de ‘enmiendas’ al proyecto de reforma de la Administración local que prepara el Gobierno y que todavía no ha pasado de la fase de informe al Consejo de Ministros. Todas las instituciones, desde su punto de vista y gobernadas por distintos partidos (la mayoría por el PP), coinciden en el rechazo a perder competencias en favor de instancias superiores y en la negativa a reducir el número de cargos. Ambos aspectos son la esencia del plan del Ejecutivo.
Casi dos meses después de que el Consejo de Ministros recibiera el informe del Ministerio de Hacienda sobre el anteproyecto de ley para “la racionalización y sostenibilidad de la Administración local”, las instituciones afectadas han inundado de escritos con todo de tipo de objeciones o ‘enmiendas a la totalidad’ el departamento ministerial correspondiente.

Según reconocen en fuentes gubernamentales, a la oposición de los ayuntamientos a sufrir recortes de concejales, sueldos y competencias, se suma el de las comunidades autónomas, que no quieren ocuparse de funciones y servicios hoy en manos de algunos grandes ayuntamientos. Tampoco falta el previsible rechazo de los consejos comarcales y mancomunidades de municipios, que se resisten a desaparecer. El Ejecutivo pretende someterlos al criterio de la ley de estabilidad presupuestaria, que justifiquen su funcionamiento y que presenten cuentas como el resto de los organismos públicos.

Los puntos controvertidos

Los asuntos más controvertidos son el reparto de competencias entre las Administraciones y el empeño del Gobierno en que los municipios de menos de 20.000 habitantes cedan la prestación de servicios a las diputaciones cuando no puedan hacerlo por su cuenta con un coste “razonable”. Alegan las ‘enmiendas’ que el anteproyecto amenaza la autonomía local, pero la cuestión de fondo que se trasluce en la oposición al plan, según medios del Ejecutivo, es que ninguna instancia local está dispuesta a perder poderes, cargos electos, asesores y, además, ver reducidos sus sueldos.

Mariano Rajoy se propone que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto antes del verano para garantizar que entre en vigor y empiece a producir ahorros para la Hacienda Pública antes de que termine el año. El Ministerio de Hacienda aspira a que ese ahorro ascienda a 7.129 millones de euros entre este mismo ejercicio y 2015, especialmente gracias a la clarificación de competencias, eliminación de duplicidades en los servicios y por la drástica reducción de las empresas públicas locales. Sólo el 3 por ciento de ese ahorro se haría a costa de eliminar entidades menores y la supresión de altos cargos.

El presidente del Gobierno ha pedido a la dirección del PP que medie con sus dirigentes regionales, provinciales y locales (alcaldes) ante el Ministerio de Hacienda para lograr un acuerdo en la reforma, pero las posiciones siguen muy alejadas. La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) (donde están representados todos los partidos) intenta a su vez pactar un texto común de ‘enmiendas’ al anteproyecto del Ejecutivo para llevarlo al Consejo Nacional de la Administración Local.
Después de los trámites del acuerdo político dentro del PP, en la Femp y en el CNAL, llegaría el examen por parte del Consejo de Estado y la definitiva aprobación por el Consejo de Ministros. Los tiempos apremian y, por muy rápido que sea después su paso por la Cortes para alcanzar el rango de ley orgánica, el plan de ahorro del Gobierno corre peligro de no producir efecto alguno durante este año.