martes, 12 de noviembre de 2013

UN JUEZ ORDENA POR PRIMERA VEZ LA DEVOLUCIÓN ÍNTEGRA DE LA PAGA EXTRA A UN FUNCIONARIO



Según alega ese juez esa medida del gobierno de retener la paga de Navidad del funcionario es “contraria a derecho”. Y entonces yo pregunto: con oficialmente más de un billón de euros de deuda pública, y con millones de españoles en paro, ¿ante qué derechos constitucionales estamos amparados los españoles?. Todas las pagas de los funcionarios proceden de los tributos que se imponen por la fuerza al resto de los españoles, muchos de los cuales tienen empleos en la cuerda floja, y no sólo  eso, sino que además les han bajado el sueldo, y otros muchos españoles con peor suerte, han perdido el empleo, y apenas malviven con un miserio subsidio de 426 euros, y otros tantos, ni tan siquiera eso. ¿De qué derecho está hablando ese juez?

 

Si ahora hay que pagarles la paga de navidad de los funcionarios que para nada sufren los efectos de la crisis, ya que son privilegiados con buenas nóminas, y se aprovechan de un país en crisis donde todo se ha tenido que poner más barato, y con ello ganando mucho poder adquisitivo, ¿de dónde saldrá el dinero para pagar a esos privilegiados de nóminas buenas y vitalicias, y de poco trabajar, ya que igualmente es de por vida a costa del Estado (es decir, a costa de los tributos impuestos por a fuerza al resto de los españoles) y no necesitan competir ni aportar eficacia como tiene que hacer la empresa privada para sobrevivir?.

 

Claro, los jueces también son funcionarios, y ajustan e interpretan las leyes a sus conveniencias e intereses, como la privilegiada casta funcionarial que son, disfrutando de buenas nóminas vitalicias que pagan por la fuerza el resto de los españoles.

 

No olvidemos que aproximadamente el 60% de los millones de funcionarios que mantenemos cobran más de 2000 euros mensuales, mientras el resto de los funcionarios son más que mileuristas.  Y esto contrapone con el hecho de que aproximadamente el 60% de los empleados que trabajan en la empresa privada, cobran menos de 1000 euros mensuales. Y no digamos los parados que han perdido el trabajo y han agotado prestación, los que reciben subsidios limitados de 426 euros, y los que no tienen siquiera trabajo ni fuente de ingresos, con toda la incertidumbre que ello supone. ¿Y adónde está la justicia y el ajuste a “derecho constitucional” de toda esa gente sin ingresos, sin trabajo, y en la pobreza crónica?, ¿cómo interpretaría eso ese juez que ha dado la razón al privilegiado funcionario?.

 

A decir verdad, todos los funcionarios deberían de ser despedidos, anulando todos los privilegios de empleos vitalicios mantenidos por la fuerza por el resto de los españoles, y ponerse a buscar la vida como cualquier otro hijo de vecino, con las reglas del juego iguales para todos, y no tolerar esa injusticia de que el Estado privilegie a unos ciudadanos con empleos vitalicios y bien pagados sin necesidad de competir por un lado, y otros ciudadanos que se buscan la vida, sin privilegios, con riesgos, y en la incertidumbre.

 

No cabe duda que nos hemos convertido en un país de castas, donde políticos, funcionarios y jueces son la parte más corrompida y al mismo tiempo más privilegiada a costa del resto de las otras castas menos favorecidas y desamparadas, en la que formamos un país donde la injusticia está presente, y donde gracias al corrupto sistema, los más privilegiados salen siempre mejor parados.

 

Esa medida tomada por ese juez, supondrá otra sangría más, que se traducirá en más deuda, más impuestos que ya no podemos ni soportar, y con ello más miseria y más reparto de la pobreza crónica. La casta funcionarial, otra vez más, saldrá ganando de todo eso.

 

En fín, otro lamentable caso más de la tragedia nacional, que resulta completamente insultante y da verdaderos ascos para el resto de los españoles que están desamparados, y por ende, con menos derechos y menos libertades. Una vergüenza de país.

 

 

UN JUEZ ORDENA POR PRIMERA VEZ LA DEVOLUCIÓN ÍNTEGRA DE LA PAGA EXTRA A UN FUNCIONARIO

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Un juez ordena por primera vez devolver de forma íntegra la paga extra de 2012

Día 11/11/2013 - 19.13h

La sentencia concluye que este recorte en las nóminas de los funcionarios se produjo de forma «anómala e ilegal»

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla ha dictado sentencia por la que reconoce que la retirada de la paga extra de Navidad, decretada por el Gobierno central en 2012 es «contraria a derecho» y obliga a esta Administración a su devolución íntegra, según indica el sindicato CSIF, que defiende al funcionario afectado y que asegura que «es la primera vez que a nivel nacional se ordena la devolución íntegra desde que se produjeron los recortes».
En la sentencia, dicho juzgado declara «contraria a derecho» la minoración de una cuarta parte de la cuantía anual de sueldo y trienios «sufra por el actor en sus nóminas de julio a diciembre de 2012» y declara el derecho del actor a «ser resarcido por la administración demandada, abonándole las anteriores minoraciones, más sus intereses legales».
El sindicato precisa que J.A.R, secretario del Juzgado de Paz de La Rinconada (Sevilla) se ha convertido en «el primer empleado público en ganar la batalla jurídica al Ministerio de Hacienda», toda vez que «se trata de la primera vez en la que un juzgado ordena la devolución íntegra de esta paga extra, pues hasta ahora, los juzgados tan sólo habían reconocido la parte proporcional que había sido devengada hasta el mes de julio, cuando entró en vigor el decreto del Gobierno».
Según CSIF, la sentencia concierne en este caso a los 55.000 funcionarios de la Administración de Justicia en el conjunto del Estado, incluyendo obviamente los más de 7.000 empleados públicos de Justicia en Andalucía. Las relaciones laborales de este personal están reguladas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Gobierno tuvo que modificar para aplicar el recorte sobre sus nóminas. Esta modificación legal se produjo el mismo mes de diciembre, cuando la paga extra ya había sido devengada íntegramente. Por tanto, tal y como destaca la sentencia, el Gobierno simplemente «llegó tarde», por lo que la minoración salarial es «contraria a derecho». «En resumidas cuentas, se trata de una anomalía e ilegal aplicación de las normas por parte de la Administración», destaca la sentencia.

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