Otro ejemplo del habitual despilfarro en la gestión de los
recursos públicos: las desaladoras construidas en España desde 2004 se usan al
16% de capacidad tras costar 2.300 millones (algunos dicen que al final habrá
costado mucho más que esa cifra). Por lo que se ve, al no estar de acuerdo las
autonomías en trasvasar las aguas de sus ríos a otras más necesitadas, no quedó
otro remedio que aprovechar el agua del mar, muchísimo más caro y con agua de
consumo de peor calidad, pero poniendo mucho hormigón y mucho dinero por medio
que se iba a quedar por el camino de facturar las distintas comisiones, con lo
cual por otro lado es el negocio ideal para cuatro listos que luego pagan los
favores en las conocidas facturas en negro, pero con la factura final a cargo del
contribuyente. Con el Caudillo Francisco Franco, que tenía el sano vicio de
inaugurar pantanos, con todo lo que supone de creación de riqueza y
distribución de agua abundante y barata entre la población, nadie le discutía
que si en su municipio no querían el pantano, o que si el agua de tal región no
se podía trasvasar a otra que más lo necesitaba.
LAS DESALADORAS SEUSAN AL 16% DE CAPACIDAD TRAS COSTAR 2.300 MILLONES
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Las desaladoras se usan al 16% de capacidad tras
costar 2.300 millones
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Rodrigo Gutiérrez
10/02/2013 - 23:02 Actualizado: 10:43 - 11/02/13
·
Fue una decisión política encaminada a poner
punto y final a las fricciones entre autonomías por los famosos trasvases, y
ahora, casi diez años después, la construcción de 32 nuevas desaladoras en las
regiones más secas de España (se proyectaron 51 pero 19 fueron descartadas) se
entiende más como un problema que como una solución.
Un problema con nombre y apellidos: 2.300
millones de euros. Es decir, la inversión total comprometida por el anterior
Gobierno dentro del conocido como Plan de Desalación, puesto en marcha en 2004
y que ejecuta principalmente la sociedad estatal Aguas de las Cuencas
Mediterráneas (Acuamed).
Los elevados costes energéticos aparejados a
su actividad han provocado que muchas de estas infraestructuras apenas se estén
utilizando y que, en algunos casos, como el de Torrevieja (300 millones de
euros de inversión), su uso se limite exclusivamente a casos de sequía extrema.
Pero hablar de 2.300 millones de euros es
hacer referencia, al fin y al cabo, a un número redondo con sello oficial. Dar
con la inversión real, lo que ya ha costado hasta la fecha este proyecto y lo
que va a costar, es asombrosamente complicado.
Las cifras bailan más que Tony Manero en
Fiebre del sábado noche. Nadie sabe con exactitud de cuánto estamos hablando y
ni el Ministerio de Agricultura ni Acuamed quieren facilitar los datos
actualizados.
Prefieren dejar al Ministro el honor de dar la
exclusiva cuando considere oportuno (esté lunes está previsto que comparezca en
Senado y dé explicaciones sobre la marcha del plan). Eso sí, muchas de las
fuentes consultadas coinciden en que probablemente la cantidad invertida,
una vez estén acabados todos los proyectos, será superior a 2.300 millones.
Hace nueve meses, por ejemplo, cuando se produjo
la última referencia oficial a este asunto, el propio ministro de Agricultura,
Miguel Arias Cañete, cifró el coste del plan de desaladoras en 1.660 millones
de euros hasta aquella fecha y calculó en 762 millones el presupuesto necesario
para finalizar todos los proyectos, arrojando una factura total de 2.426
millones.
Un problema español y europeo
Así, si mayor es el desembolso final, ahora
que la viabilidad de estas nuevas desaladoras está en entredicho, mayor es el
problema. También, para la Unión Europea, que ha financiado con el dinero de
otros países una buena parte del plan que ella misma terminó por condenar. De
forma indirecta, pero no sin razón.
Las presiones de Bruselas a España para que
liberalizara el sector de la electricidad dieron sus frutos en 2008 con la
supresión de la mayoría de las tarifas protegidas que existían en este mercado,
algo que durante muchos años había mantenido los precios de la electricidad
artificialmente bajos. Y ahí empezaron los problemas. Los costes eléctricos en
la industria se dispararon y, en el caso de las desaladoras , esta situación
desembocó en un aumento trágico del precio del agua desalada. Tanto que estas
plantas, muchas de ellas aún por finalizar, no son ni serán rentables por sí
solas dentro de este contexto y no pueden competir en precio con el agua dulce
de otras fuentes.
Según Andrés del Campo, presidente de
Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), "el 60 por
ciento de los costes de estas plantas son energéticos, y después de los cambios
de 2008, estos se han disparado entre un 70 y un 150 por ciento". Unos
incrementos que sitúan el precio de esta agua entre seis y diez veces el del
agua normal. Para los regantes, uno de los colectivos que más se iban a
beneficiar de este plan, "es más barato regar con whisky que con agua
desalada", dice Andrés del Campo con ironía.
Infrautilización
A modo de referencia, los últimos datos
ofrecidos por el Ministerio de Agricultura son esclarecedores. Hace menos de un
año, las 17 plantas desaladoras de este plan que ya habían sido terminadas sólo
funcionaban al 16 por ciento de su capacidad. Los supuestos beneficios de los
que tanto habló el anterior Gobierno cuando en 2004 presentó el proyecto, a día
de hoy, no afloran por ningún lado.
Con este panorama, la realidad pone nervioso a
más de uno. En primer lugar a la Unión Europea, que ya exigió amablemente a
España que pusiera en marcha todas las desaladoras que estuvieran terminadas
porque en ellas también había inversión europea. Algo a lo que el Gobierno
accedió. Más o menos, pero si la sugerencia del club de los 27 se cumplió en
parte fue por el temor a que en el futuro los proyectos españoles pudieran
encontrarse con el escepticismo de Bruselas.
Un portavoz europeo, después de conocerse que
muchas de estas desaladoras estaban paradas o su funcionamiento era
testimonial, recalcó que "una cantidad considerable de fondos europeos,
alrededor de 1.500 millones de euros, han sido invertidos en los últimos años
en desaladoras españolas". A lo que añadió que, en el supuesto de que
España hiciera caso omiso, este hecho "podría tener un fuerte impacto
negativo en la disponibilidad de fondos europeos para España", explicó el
portavoz.
Detrás de este plan tan ambicioso de
construcción de nuevas desaladoras , también estaba la omnipresente burbuja
inmobiliaria. Las previsiones de urbanización dispararon la demanda previsible
de agua en zonas que, ya con los pies en el suelo, ni se han construido ni se
construirán en un futuro.
Pero las plantas están ahí y los ayuntamientos
de las pequeñas localidades agraciadas con una desaladora se han encontrado con
que las cuotas para amortizar estas infraestructuras se escapan a su
presupuesto. No hay suficientes ciudadanos entre quienes distribuir los costes
de la desalación, y eso supone que el precio de esta agua no pueda ser
razonable. Todo lo contrario, o se sube el recibo hasta límites surrealistas o
es el ayuntamiento el que asume el desfase.
Las empresas que han construido o que han
ganado los contratos de explotación y mantenimiento de las desaladoras , entre
las que se encuentran compañías como Acciona, OHL y Sacyr, estan exentas de
asumir cualquier responsabilidad en este sentido ya que el problema es el coste
de la electricidad. Ellas no son más que meras constructoras o gestoras las
infraestructura mientras que la titularidad de las plantas es pública.
Previsiones de futuro
Pese a todo, como dice el refrán, no hay mal
que por bien no venga, y aunque la producción de muchas de estas plantas está
por debajo de su capacidad total, su mera existencia puede ayudar a terminar
con los problemas puntuales de sequía extrema o la falta de suministro en las
zonas más secas de España. "Las desaladoras pueden contribuir a que no
existan nunca más en el litoral las emergencias de sequía. El verano pasado,
por ejemplo, una avería en el trasvase del Tajo amenazó con dejar sin suministro
a Murcia y Alicante, se pusieron en marcha las desaladoras y nadie se enteró
del problema", explican desde una empresa especializada en actividades de
desalinización.
El tiempo, a priori, también corre a favor de
las desaladoras , aunque a costa de otras fuentes de agua dulce. "Muchos
pozos se están salinizando y acabando así que en un plazo indeterminado de
tiempo esperamos que las plantas cumplan la función para la cual fueron
construidas".
De momento, y hasta que esas previsiones se
cumplan, desde Fenacore apuntan a que el agua desalada se mezcle con la
procedente de otras fuentes para diluir su coste y poder sacar provecho de
estas instalaciones. Otra opción es la subvención, algo que hasta hace poco se
hacía en Canarias, Ceuta y Melilla, tres lugares en los que el consumo de agua
desalada es especialmente alto. Sin embargo, esas ayudas se han suprimido
aumentando las tarifas del agua hasta en un 50 por ciento en algunos casos.
El panorama, después de todo, no es bueno. En
España, según destacan varias fuentes, se ha pasado de comprender el agua como
un recurso nacional a entenderse que es propiedad del territorio por el que
pasa. "Las comunidades están constantemente paralizando todos los planes
hidrológicos aduciendo todo tipo de problemas. Así no se puede". Una vez
más se repite la misma historia. La falta de unidad y de entendimiento entre
unos y otros dispara las facturas.
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