Gamonal no tendrá bulevar, pero Burgos pagará caro la decisión. Tanto como el 6% del presupuesto de la obra licitada, que en su primera fase asciende a 8 millones de euros. De esta manera, la decisión del alcalde, Javier Lacalle (PP), de paralizar definitivamente las obras, como anunció ayer viernes por la tarde, supondrá 480.000 euros para las arcas municipales en concepto de indemnización al consorcio de constructoras adjudicatarias, la UTE formada por las burgalesas Copsa y Arranz Acinas, según han confirmado a este diario fuentes oficiales.
El porcentaje del 6% se corresponde con el Beneficio Industrial (BI), una partida del Presupuesto de Ejecución Material (PEM), junto al 13% de los Gastos Generales (GG), que está fijada por ley para las obras que se adjudican desde las administraciones públicas. De esta manera, en caso de que la cancelación del contrato, concedido en concurso público, sea responsabilidad del contratante, el adjudicatario debe ser compensado con el equivalente al beneficio industrial correspondiente al presupuesto de la obra, como si la hubiera hecho.
Con sólo unos metros de la Calle Vitoria levantados, el alcalde de Burgos ha confirmado que la próxima semana serán operarios del consistorio quienes se encarguen de reparar los desperfectos originados con el comienzo de la obra. Aún así, llegar a ese punto fue complicado. En el pleno municipal celebrado el mismo viernes por la mañana, Lacalle seguía en su idea de continuar amparándose en la cómoda mayoría absoluta del PP. La obra del bulevar, suspendida temporalmente ante las protestas vecinales, terminaría saliendo adelante.
La determinación de Lacalle por cumplir su promesa electoral ha convertido el bulevar de Gamonal en un fenómeno de ámbito nacional, identificado con el espíritu más comprometido del 15-M. Este factor ha hecho que en el seno del PP, tanto en Madrid como en Castilla y León, se generara una preocupación lógica por la deriva de los acontecimientos, aunque al tiempo se hayan lanzado balones fuera para no cuestionar a Lacalle. Sin embargo, es una evidencia que las críticas a la gestión de este problema vecinal han obligado al edil burgalés a recular.
“Me ha roto todos los esquemas. Yo esperaba que en el Pleno hubiese comunicado la paralización definitiva de las obras y me sorprendió tirando para adelante. Lacalle tendrá que hacer un encaje administrativo e indemnizar lo que haya que indemnizar, pero este proyecto está condenado", aseguraba ayer viernes un dirigente castellanoleonés del Partido Popular. Ese coste ya tiene un precio material, cerca de 500.000 euros, que sufragarán todos los burgaleses, pero el coste político que pesará sobre las espaldas del alcalde está aún por determinar.
En menos de una semana, Gamonal había convertido su causa contra la obra del bulevar (la excusa formal para construir un parking subterráneo) en un fenómeno de solidaridad nacional. “Esto ha nacido como el movimiento del 15-M, que empezó sin que nadie se diese cuenta; pero ya hay convocadas concentraciones de protesta en todas las ciudades españolas. La jugada le ha salido mal y ahora cualquier solución será mala: habrá que pagar económica y políticamente este caso”, sentencian las mismas fuentes regionales del PP.
La bola de nieve de las protestas no se detuvo el primer fin de semana, como esperaba Lacalle. Muy a su pesar, las movilizaciones adquirieron tintes de violencia que amplificaron el eco mediático de Gamonal. En ese contexto,Interior advirtió de inmediato del riesgo existente y movilizó refuerzos de la Policía Nacional desde Pamplona, Valladolid y Madrid. Sin embargo, el subdelegado del Gobierno en la capital burgalesa dejó claro al edil que “no voy a militarizar Burgos”. Las obras no iban a ser protegidas por los antidisturbios. Era el principio del fin.