Otra más de las escandalosas noticias de las últimas semanas
referentes a la judicatura: la fiscalía anticorrupción se opone a investigar la
destrucción de los discos de Bárcenas; se opone a la imputación de la infanta
Cristina por los escándalos de Nóos y Aizoon; se opone a la orden de prisión
contra Miguel Blesa, el ex-presidente de
Cajamadrid, máximo responsable de la quiebra de esa entidad y del engaño a
miles inversores en preferentes; se opone a la imputación de Chaves y Griñán,
ex-presidentes de la Junta de Andalucía, en el caso de los ERE’s por parte de
la juez Mercedes Alaya, etc… (y es tan largo que ya he perdido la cuenta de la
lista). ¿No os parece que aquí hay algo que huele a podrido?
No sé por qué la llaman
“Fiscalía Anticorrupción”, cuando eso parece más la “Abogacía Defensora de los
Corruptos”, aunque no sería de extrañar, recordando que una vez un empresario
local que conozco manifestó en una entrevista que si nos tuvieran que juzgar a
todos por fraude o corrupción, serían más que todos los habitantes de la
provincia de Madrid entera. Pero el caso es que con tanto robo, tanto saqueo de
los dineros públicos, ¿qué políticos, qué banqueros, qué empresarios, qué sindicalistas,
qué funcionarios,….han metido a la cárcel?...¡a ninguno o casi ninguno!, pero
todos se han forrado más que nunca en esos últimos años. Cuando hay dinero
abundante de por medio, seguro que incluso los “fiscales anticorrupción” son
los más fáciles de comprar y venderse por un maletín lleno de unos cuantos
miles o millones de euros (más el suculento sueldo que les pagamos todos los
contribuyentes al ser funcionarios del Estado). Y lo que es peor: todos esos
robos se socializan, se carga la factura a los contribuyentes con cada vez
mayores y nuevos impuestos, y mientras tanto el paro y la pobreza se extiende
cada vez más entre una inmensa mayoría de españoles.
En fín, que eso es un
problema mismo del sistema, del cual todos son cómplices, y por tanto todos
roban, ya que como dijo una vez cierta ministro socialista: “el dinero que es
de todos, no es de nadie”. Si no hay impuestos, si no hay dinero, no se roba,
ya que si no hay mierda, no se atrae a las moscas.
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Caso Bárcenas
Informe presentado al juez Pablo Ruz
Anticorrupción se opone a investigar la destrucción de los discos de Bárcenas
- Lo pidieron varias acusaciones de la causa sobre la contabilidad B
- Considera que esta diligencia no aportaría ningún resultado de interés
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a abrir una investigación sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que empleaba el ex tesorero del PP Luis Bárcenas en su despacho de la sede del PP en Génova y que quedaron en poder del partido tras su dimisión, han informado fuentes fiscales.
En un informe presentado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el Ministerio Público se posiciona en contra de la petición efectuada por varias acusaciones personadas en la causa que investiga la supuesta contabilidad B del PP que habían solicitado la apertura de una investigación por encubrimiento y obstrucción a la justicia. En el escrito, la Fiscalía señala que esta diligencia no aportaría ningún resultado de interés para el avance de la causa.
El PP destruyó en abril de este año el contenido de los discos duros de los dos portátiles, un mes después de que agentes de la Policía Nacional acudieran a Génova tras la denuncia que el exsenador presentó contra el abogado de la formación, Alberto Durán, por abrir sin su consentimiento un espacio que tenía a su disposición en el edificio.
Esa visita de la Policía Nacional a la sede popular se produjo el 1 de marzo, el mismo día que Bárcenas interpuso su denuncia, y fue justificada con el objetivo de comunicar a Durán la acción judicial emprendida por el ex tesorero, sin que los agentes practicaran otras diligencias, según señalaron entonces fuentes policiales.
Bárcenas denunció a Durán por un posible delito contra la intimidad y otro de robo por forzar la puerta del despacho y examinar de forma exhaustiva toda la documentación allí guardada, parte de la cual argumentaba que era de carácter personal, así como los ordenadores portátiles que estaban guardados en la sala Andalucía de la formación.
El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid archivó en abril esta denuncia argumentando que los ordenadores estaban en una sala, por lo que "no se trataba de un despacho personal" y "en definitiva, no se ejerció fuerza alguna para entrar".
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